Impactos ambientales y vulneración a derechos de acceso al agua, no discriminación y proyecto de vida comunitario, lleva a mujeres e infancias a presentar su caso ante tribunales
La Comunidad de la Unidad Habitacional Morelos y colonias adyacentes, a través de la representación de mujeres e infancias del municipio de Xochitepec, iniciaron en 2025 un proceso de lucha comunitaria y jurídica para defender su territorio frente a un proyecto de extracción de oro, plata y otros metales como mercurio y arsénico, por parte de la minera Esperanza Silver.
La organización Territorios Diversos para la Vida (TerraVida) ha llevado el acompañamiento legal de esta defensa del territorio frente a los impactos causados por exploraciones, socavones y perforaciones derivados de seis concesiones que abarcan casi 3 mil hectáreas, cuyas afectaciones han llegado también a la zona arqueológica de Xochicalco.
Dictámenes oficiales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) concluyeron que el proyecto minero es ambientalmente inviable y representa riesgos a la salud y a la seguridad hídrica.
Por su parte, la Comisión Nacional del Agua opinó que la extracción de agua pone en riesgo el abasto para cubrir las necesidades de las personas habitantes no solo de Xochitepec, sino también los municipios vecinos de Miacatlán y Temixco.
Actualmente, el juicio se tramita en el Juzgado Segundo de Distrito en Morelos, donde se ha concedido una suspensión definitiva que impide la explotación minera mientras dura el proceso.
Mientras la comunidad busca ampliar la suspensión para frenar también la exploración, la Secretaría de Economía intenta anularla. El caso está ahora en manos del Segundo Tribunal Colegiado de Distrito en Morelos.
De acuerdo con la abogada Gabriela Carreón de Terra Vida, quien ha acompañado este proceso, es momento para preguntarnos por qué estos proyectos se instalan en territorios que ya de por sí enfrentan situaciones socioeconómicas complejas.
“No hay la cantidad de agua suficiente para poder dedicarle a un proyecto minero sin que eso ponga en riesgo el acceso al agua”, afirma Carreón.
Además del riesgo hídrico que enfrentan las personas de las comunidades, quienes también manifiestan desabastecimiento al recibir agua únicamente durante una hora y media cada tercer día, el racismo ambiental también fue un argumento enmarcado en la violación al derecho de igualdad y no discriminación.
La Unidad Morelos fue fundada hace 40 años por personas desplazadas y reubicadas también por la extracción minera, enfrentando desigualdades estructurales que les condenan a ver su territorio convertido en zona de sacrificio donde la vida se encuentra en riesgo latente.
Esto pone en riesgo los proyectos de vida comunitarios, protegidos constitucionalmente.
De acuerdo con Carreón esto responde a la pregunta: “¿qué sueñan las comunidades, a qué quieren destinar su territorio? El proyecto de vida de mujeres e infancias de la Unidad Morelos no es tener un cráter de una minería a cielo abierto. Eso no es lo que pensaron al fundar la comunidad”.
Si bien este caso representa un triunfo para los movimientos organizados por la defensa de los territorios frente a las prácticas extractivas, las concesiones aún continúan vigentes por lo que las organizaciones que han impulsado la iniciativa Cambiémosla Ya, hacen un llamado a no revertir los logros obtenidos con la reforma a la Ley Minera de 2023.
Impacto del extractivismo minero en México
De acuerdo con Betriz Olivera de la colectiva Cambiémosla Ya, 10 % del territorio en México está en manos de corporaciones mineras canadienses, estadounidenses y mexicanas que cuentan con 23 mil concesiones.
Dichas concesiones han estado reguladas por la Ley Minera de 1992 para dar privilegios a corporaciones que han favorecido la inversión en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
A partir de la unión de organizaciones locales, nacionales y comunidades afectadas por la minería, se logró reformar la Ley Minera en 2023. Actualmente “no se puede otorgar una concesión minera sin antes otorgar el consentimiento de los pueblos indígenas”, expresó Olivera en conferencia de prensa para dar a conocer la suspensión minera de las comunidades en el estado de Morelos.
Esta reforma estipula que dicho consentimiento debe ser previo, libre e informado; además, se ha quitado la preferencia a las corporaciones sobre el uso del territorio y agua, y también se prohíbe la minería en Áreas Naturales Protegidas y se acortan las concesiones.
Para 2026 aún está pendiente la legislación secundaria que operativizará esta ley a partir del reglamento.
Las organizaciones insisten en no permitir la entrada de las corporaciones mineras a redactar dicho reglamento que es obligación del Estado.
A la conferencia de prensa también se sumaron los testimonios de Lliny Flores del movimiento Morelense contra las concesiones de minería a tajo abierto por metales, Nazario Diego Téllez representante del Consejo Maseual Altepetajpianij de Tosepan y también Viviana Carreón de TerraVida.
Por: Ana Herrera